Por: Periferia Prensa
Fuente: www.periferiaprensa.com
El 28 de abril de 2021 se reactivaron en Colombia las jornadas de movilización social, las cuales dividieron la historia reciente del país en dos momentos, permitiendo de esta manera reconocer las desigualdades sociales y la necesidad del cambio político.
El 28 de abril de 2021 el pueblo colombiano fue convocado por el Comité Nacional de Paro a movilizarse “por la vida, la paz, la democracia y contra el nuevo paquetazo de Duque”, ello en oposición a la regresiva reforma tributaria y de salud, las políticas neoliberales en el marco de una crisis económica, sumadas a la violación sistemática de los derechos humanos y el derecho internacional humanitario, elementos reflejados en el asesinato a lideres sociales, el aumento de masacres y la criminalización de la protesta social.
A partir de aquel día, durante meses las calles se inundaron de dignidad, solidaridad y represión, forjando en la memoria colectiva un nuevo relato de la resistencia popular, abriendo así la posibilidad de transitar hacia la democracia, la justicia social y la paz territorial.
Es de resaltar que el ciclo de movilizaciones del 2021 se encuentra vinculado a las jornadas de protesta del año 2019 y el 2020, momentos donde se evidencia el carácter violento de la administración del expresidente Iván Duque, heredero político del expresidente Álvaro Uribe Vélez. En ambos periodos de movilización se constató el abuso cometido por agentes de la policía nacional en contra de personas que ejercían su derecho a la protesta, de igual manera el actuar criminal de agentes del Estado en contra de jóvenes, en su mayoría de sectores populares y empobrecidos, razones que despertaron la indignación colectiva del pueblo colombiano.
Es por ello que el llamado estallido social del 28 de abril de 2020 debe ser analizado en clave de tres factores fundamentales: en primera instancia, se encuentra el carácter esencialmente urbano de las movilizaciones; seguido por la amplia participación de jóvenes y mujeres en los procesos de acción colectiva; y finalmente, el hecho de que las movilizaciones lograron ubicar en el debate nacional las desigualdades sociales y los mecanismos de violencia usados en contra de los ciudadanos.
En relación a la cifras económicas, vale señalar que el desempleo se ubicó a nivel nacional en un 13,7%, lo cual corresponde a 3,35 millones de personas cesantes en sus actividades económicas, las cuales se concentraron en las ciudades de Calí, Bogotá y Medellín. De allí que esas ciudades principales fueran el epicentro de las movilizaciones.
Así mismo, se destaca que fueron las mujeres y los jóvenes quienes en su mayoría se movilizaron, ello corresponde a múltiples factores: inicialmente, porque fueron los sectores más golpeados por el desempleo durante la pandemia del covid 19, pero también quienes en su mayoría sufrieron la violencia policial e intrafamiliar, lo cual al conjugarse con un panorama de exclusión social del sistema educativo fortaleció la reivindicación de los derechos colectivos.
No está de más recordar que durante el estallido social se presentaron 75 asesinatos, 83 victimas de violencia ocular, 28 victimas de violencia sexual, 1.832 detenciones arbitrarias y 1.468 casos de violencia física, los cuales se caracterizaron por ser cometidos principalmente contra personas jóvenes.
Por estas razones, sumado a otras de carácter estructural, fue que se incubó el estallido social, en donde el modelo neoliberal agotó sus posibilidades —si fue que en algún momento las tuvo— de solventar las demandas sociales, económicas y políticas de varias generaciones empobrecidas y excluidas. Por este motivo, en la agenda del gobierno nacional y de las fuerzas políticas alternativas, no se debe perder de vista las reformas sociales que permitan construir un Estado social de derecho, basado en los principios de justicia social, equidad de género y economías sustentables.
